El deterioro de existencias sigue siendo gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades

La última reforma del Impuesto sobre Sociedades ha tenido como objetivo alcanzar la estabilidad presupuestaria y, por tanto, tiende a aumentar las bases impositivas. El art.13 LIS establece ahora como regla general la no deducibilidad de los gastos contabilizados por deterioros. Ahora bien, el art.13.2 no menciona el deterioro de existencias. En este caso, se deduce que no existen diferencias entre la normativa contable y fiscal y, por lo tanto, no tendremos que realizar ajuste alguno sobre los deterioros contabilizados (cuenta 693, pérdidas por deterioro de existencias). Esta cuestión ha sido planteada en la Consulta Vinculante nº V0805-16 y más concretamente en la V0132-15, “dado que la Ley del Impuesto sobre Sociedades no establece ninguna regulación específica respecto de las correcciones valorativas registradas como consecuencia del deterioro de valor (…) será de aplicación lo establecido en el PGC.”

Se mantienen los requisitos de siempre para poder considerar el deterioro (mediante sistema individualizado) como gasto fiscalmente deducible (que concurra alguna de las siguientes):

  1. Haber transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento de la obligación.
  2. Que exista reclamación judicial o procedimiento arbitral para el cobro.
  3. El deudor procesado por alzamiento de bienes.
  4. El deudor se encuentre en situación de concurso.

 

 

Reducción a las ganancias patrimoniales obtenidas de bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994

La disposición transitoria novena de la Ley del IRPF articula un régimen transitorio para la determinación del importe de las ganancias patrimoniales sometidas a gravamen, derivadas de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994.

El apartado 84 del artículo 1º de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modifica, con efecetos a partir del 1 de enero de 2015, la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF, que regula la reducción por abatimiento del régimen transitorio, para establecer un límite cuantitativo cifrado en 400.000.-€, siempre y cuando la transmisión se efectúe a partir del 1 de enero de 2015.

Veamos los pasos a seguir:

  1. En primer lugar determinaremos la ganancia patrimonial previa según la regla general.
  2. Luego calcularemos la parte de la ganancia que se entiende generada con anterioridad a 20/01/2006
  3. Esta ganancia susceptible de reducción por la DT 9ª tendrá como límite el valor de 400.000. Se aplicará reducción de la ganancia para los primeros 400.000.-€ de valor de transmisión.
  4. El importe de la ganancia patrimonial susceptible de la DT 9ª se reducirá aplicando el coeficiente de abatimiento que resulte según la naturaleza del bien (inmueble o mueble) y al número de años transcurridos desde la adquisición hasta el 31/12/1996

Veamos un ejemplo:

Vendemos un inmueble por 600.000.-€. Lo adquirimos a 150.000.-€. Obtenemos una ganancia previa de 450.000.-€ Como adquirimos el inmueble antes del 31/12/1994, contamos el periodo en días desde la adquisición al 20/01/2006. Es decir, si adquirimos, por ejemplo, el 1/07/1990 tendríamos un periodo de 5.683 días. A su vez, calculamos los días desde la adquisición hasta la venta (pongamos que se realiza el 2 de enero de 2015), 8.952 días.

Así, la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20/01/2006 es de 450.000*5.683/8.952= 285.673,59.-€

Como el precio de venta superó los 400.000.-€, sólo podemos realizar la reducción de la DT9ª sobre los primeros 400.000.-€. Aplicamos prorrata: 400.000*285.673,59/600.000= 190.444,06.-€

Aplicamos la reducción de la DT9ª hasta el 31/12/1996, son 7 años. El coeficiente reductor se calcula de la siguiente forma= (7-2)*11,11%= 55,55%. El “2” es un número fijo y el 11,11% es por ser inmueble (para acciones sería del 25%). Por lo tanto, la reducción es de 190.444,06*0,5555= 105.794,45.-€

La ganancia patrimonial a integrar en la base imponible del ahorro es de: 400.000-105.794,45= 344.205,55.-€

Fuente: “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” 5ª Edición, Roberto Alonso Alonso, CEF ediciones.

Tratamiento fiscal de las aportaciones de los socios sin aumento de capital

Las aportaciones a fondos propios que no suponen un aumento de capital se registran contablemente en la cuenta 118 “Aportaciones de socios o propietarios”. Son elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. Es decir, siempre que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan naturaleza de pasivo. El Plan General Contable prevé que esta cuenta se utilice fundamentalmente para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Con respecto al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), la norma estipula que dichas aportaciones que no suponen un aumento del capital social se encuentran exentas de la modalidad de Operaciones Societarias. A su vez, diversas consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos  han determinado que su devolución (siempre que no suponga una disminución del capital social) no quedaría sujeta a ITPAJD. Ahora bien, si en la constitución de la aportación se establece la posibilidad de devolución (digamos que se realiza la aportación con objeto de dotar de liquidez a la sociedad), “parece que cabría calificar la operación como contrato de préstamo de los socios a la sociedad”. Salvo que resulte aplicable el supuesto de no sujeción regulado en el art.7 apartado 5 RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), tanto la constitución del préstamo como su ampliación posterior serían convenciones sujetas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPyAJD, si bien, estarían exentas en ambos casos y no sujetas a las otras modalidades del impuesto.

En lo relativo a la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, la consulta (V1978/2016) afirma que “la cantidad no reintegrable realizada por el socio, tendrá la consideración de aportación a la sociedad, sin que se genere ingreso alguno computable en la cuenta de resultados y tampoco se genera renta alguna para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades”. Por lo que respecta a la distribución que se realice a los socios de la cuenta correspondiente, tendrá el mismo tratamiento que el reparto de la prima de emisión, dada su misma naturaleza. La distribución de la prima de emisión minorará el valor fiscal de la participación, considerándose ingreso el exceso que pudiera corresponder.

DGT:  09-05-2016

N.º CONSULTA VINCULANTE: V1978/2016

Formas de gestión de un patrimonio inmobiliario a efectos fiscales

Existen diversas formas de gestión de un patrimonio inmobiliario dependiendo de la estructura con la que dotemos a la actividad:

En un primer lugar, la forma más sencilla para las personas físicas que posean patrimonio inmobiliario sería su tributación por IRPF como rendimientos de capital inmobiliario. Pese a no contar con una estructura de gestión y reducir gastos (según art.27 LIRPF, de, al menos, una persona contratada a tiempo completo y un local donde se ejerza la actividad en exclusividad), sería la forma, a priori, más gravosa a efectos fiscales.

En un segundo lugar y por contradicción con lo anterior, si la actividad es considerada como actividad económica (con la estructura mencionada y con los criterios jurisprudenciales que la desarrollan), los rendimientos se imputarían como actividades económicas. En este sentido, la actividad conllevaría mayores gastos pero también se amplía el rango de gastos fiscalmente deducibles. El tipo marginal impositivo sería el mismo que en la opción anterior. Si entre nuestros inmuebles poseemos locales, esta vía resultaría más efectiva al no poder aplicarnos la reducción del art.23.3 LIRPF

Una tercera opción, en forma de persona jurídica y tributación por Impuesto de Sociedades, sería la constitución de una sociedad a través de la que se gestionase el patrimonio inmobiliario (nuestro tipo impositivo marginal sería fijo del 25%, favoreciendo). De las múltiples formas mercantiles, a nosotros nos interesa su denominación a efectos fiscales. Distinción que resulta entre las denominadas sociedades patrimoniales y las no patrimoniales. Según el art.5.2 LIS se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica.

Una de los beneficios fiscales que ofrece la LISD es la bonificación del 95% (En el supuesto de donaciones de inmuebles, la liquidación del impuesto deberá de presentarse en la comunidad autónoma donde  radiquen los inmuebles) de la cuota íntegra del impuesto en las sucesiones o donaciones (la donación de inmuebles también requiere de escritura pública) a cónyuge o hijos que tengan como objeto la empresa familiar. Empresas que deberán tener actividad y, por tanto, ser consideradas a efectos fiscales como no patrimoniales (más de la mitad de su activo no puede estar constituido por valores o no afecto a la actividad empresarial). Uno de esos requisitos es que la participación objeto de transmisión se encuentre exenta de tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio. La normativa del IP contempla una exención sobre el valor de las participaciones en una empresa familiar, en la misma proporción en que sus elementos patrimoniales se encuentren afectos a una actividad empresarial. Por tanto, según la doctrina administrativa y del Tribunal Supremo, en la donación de participaciones de la empresa familiar, la reducción respetará la proporcionalidad entre los elementos afectos a la actividad y los que no (a no ser que se haya producido un proceso de descapitalización previo de los activos no afectos a la actividad). Además, los requisitos que la Ley de Patrimonio establece para aplicar la reducción en el ISD son los siguientes:

  1. a) Que la entidad ejerza una actividad económica y no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
  2. b) Que el sujeto pasivo ostente un 5 % individual o un 20 % con su “grupo familiar” (cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado)
  3. c) Que uno de los miembros del “grupo familiar” ejerza funciones de dirección y su retribución sea superior al 50 % del conjunto de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Recientemente el Tribunal Supremo ha agrupado los requisitos b) y c) no sólo en el sujeto pasivo donatario sino también en su “grupo familiar”.

Por tanto, si tenemos herederos dentro del GRUPO I y II, condición necesaria, es conveniente planificar la constitución de una sociedad que no sea considerada a efectos fiscales como “patrimonial” en conjunción con el art.4.Ocho.Dos LIP. Las sociedades patrimoniales no gozarán de los siguientes beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades:

  • No se podrá aplicar la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores.
  • No se podrán compensar las bases imponibles negativas cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hubieran sido adquiridos por una persona o entidad con una participación inferior al 25% en la entidad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  • No podrá aplicar el tipo de gravamen del 15% para entidades de nueva creación.
  • Aplicación más severa de las medidas de transparencia fiscal internacional.
  • No podrá aplicar los incentivos fiscales establecidos para las entidades de reducida dimensión.
  • No podrá acogerse al Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros, si procediese por su actividad.

Read more: http://asesorcontable.es/nueva_fiscalidad_sociedad_patrimonial/#ixzz4V6dqbe5v

De forma derivada a esta tercera opción podríamos gestionar nuestra actividad inmobiliaria a través de participación en otras sociedades mercantiles (más del 5%) o estableciendo un holding (matriz como socio mayoritario), siempre y cuando las entidades participadas dispongan de actividad (medios materiales y humanos suficientes). La gestión en forma de holding nos permitiría una serie de ventajas fiscales para las diversas líneas de negocio inmobiliario (viviendas, locales…etc.) fruto de la individualización de los beneficios fiscales (compensaciones, reducciones, deducciones, bonificaciones…etc.) y del aprovechamiento por la matriz. Para la actividad de arrendamiento de viviendas existe también un régimen especial del IS que bonificaría en un 85% la Cuota Íntegra resultado de rentas derivadas de dichos arrendamientos.

Con respecto al ISD, los requisitos del art.20.6 LISD se circunscriben exclusivamente a la sociedad matriz.

Para grandes patrimonios (debido a requisitos de creación) los ingresos de arrendamientos se pueden canalizar a través de SOCIMI, entidades que deben cotizar en bolsa, aumentado los requisitos formales de constitución y gestión.

Caso bankia: consideraciones fiscales de las tarjetas black

De los más de 60.000 millones de ayudas públicas (incluyendo garantías sobre posibles perdidas futuras) a la banca, según el Banco de España, a fecha de hoy, el Estado ha recuperado aproximadamente un 5% del capital invertido. Previamente se conocía que muchos de estos millones serían a fondo perdido (unos 37.ooo millones, 9.000 solo de Bankia), es decir, capital que sustituye a activos tóxicos o basura procedentes de créditos fallidos en su mayoría.

Bankia ha sido el paradigma de este expolio. Son más de 36.000 millones los aportados, y en su agujero se han puesto de manifiesto las siguientes asuntos: la politización de las entidades financieras,  la convivencia de organismos de control como el Banco de España o la CNMV, el tráfico de influencias, la administración desleal de una entidad pública, el cuestionamiento del sistema actual de auditorías externas, la recapitalización mediante la comercialización minorista de instrumentos financieros complejos…etc.

El montante de las tarjetas “black” comparado con el agujero directamente relacionado con la burbuja inmobiliaria parece el “chocolate del loro”, pero son ya muchos chocolates: la desastrosa compra del banco de Miami, los créditos discrecionales a la familia de Díaz Ferrán, las comisiones por asesoramiento del banco Lazard…etc.

Pero, ¿qué dicen los acusados de sus tarjetas? Esas utilizadas para todo tipo de gastos o directamente la retirada de efectivo. Claro, ante la diversidad de destinos, los gastos de representación no parecen una buena defensa. La declaraciones de los acusados parecen más encaminadas a su clasificación como sueldo en especie. En ese caso, ¿no deberían estar reflejadas en sus contratos laborales? Sirva como ejemplo que el Consejero Delegado Francisco Verdú, ejecutivo de amplia experiencia en el sector bancario y no procedente de la antigua Caja Madrid, no aceptó su utilización por este motivo, amén de los límites fijados a las retribuciones variables.

Ahora bien, si aceptamos que las tarjetas son retribución, ¿cuáles eran las obligaciones fiscales de Bankia y sus ejecutivos?

En Bankia parece que no las tenían todas consigo con la legalidad de estas tarjetas. Contablemente, tendrían que ser sueldos, y las retribuciones conllevan un ingreso a cuenta en forma de pasivo en favor de la hacienda pública. Es decir, no solo se han incumplido las obligaciones contables, sino que ese incumplimiento está relacionado con su no declaración y el no ingreso de las cantidades debidas. Es el art.23 de la Ley General Tributaria (58/2003) quien establece dicha obligación, siendo autónoma de la obligación principal. Entonces, ¿quién tiene la obligación tributaria principal? Los acusados.

Son los acusados quienes tendrían que haber declarado tales emolumentos en sus IRPF. Pues bien, el art. 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (35/2006) establece que serán rendimientos en especie: “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”

Queda claro, por tanto, que el gasto efectuado con dichas tarjetas tendría que haber sido declarado como rendimientos íntegros del trabajo en sus declaraciones de renta, así como el ingreso a cuenta no repercutido por la entidad a sus ejecutivos.

Ahora bien, el vicepresidente de Caja Madrid, Moral Santín, que, según dicen, acudió unas 692 veces al cajero para retirar una media de 300.-€ diarios; dichos rendimientos ser considerarían dinerarios y no conllevarían ingreso a cuenta, pero sí retención como cualquier salario. Sería conveniente revisar jurisprudencia en este último caso.

No entraremos en más consideraciones éticas o penales.

Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: algunos apuntes.

Las entidades sin ánimo de lucro no son personas jurídicas al uso, no persiguen obtener un beneficio económico. Su finalidad puede ser social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria, siendo sus fuentes de ingresos las cuotas de sus asociados, ayudas, donaciones y subvenciones.

Que una entidad no tenga ánimo de lucro, no es equivalente a que no tenga beneficio, es decir, el estatus “sin ánimo de lucro” significa que los posibles beneficios no son distribuidos (por ejemplo, en forma de dividendos) sino empleados en el proyecto o fin.

Además, estas entidades pueden realizar actividades económicas que generen excedentes económicos, actividades que serán gravadas por el impuesto oportuno. Estas actividades podrán ser encaminadas a alcanzar su fin, servicios a los socios o cualquier otra que genere ingresos (con límites estas dos últimas).

Al igual que las sociedades con ánimo de lucro, los beneficiarios de sus actividades (económicas o no) pueden ser sus asociados, pero también terceras personas o la sociedad en general.

Ejemplos de entidades sin ánimo de lucro pueden ser: ONG’s, fundaciones, asociaciones. federaciones..etc., la gran mayoría de ámbito público.

A efectos fiscales, ¿qué entidades se pueden considerar sin fines lucrativos?

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, considera sin fines lucrativos a efectos de la ley a las siguientes entidades:

  1. Las fundaciones.
  2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
  3. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.
  4. Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
  5. Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
  6. Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.

Además de entes públicos, Universidades, organismos públicos de investigación, museos, Reales Academias, entidades religiosas…etc.

Pero, ¿qué beneficios fiscales reportan las donaciones a estas entidades?

Desde el 1 de enero de 2015, se ha incrementado la deducción fiscal de los donativos (art. 19 de la Ley 49/2002 de Mecenazgo) a las entidades sin ánimo de lucro, quedando de la siguiente manera:

  • Los primeros 150 euros donados en un año fiscal desgravarán un 75% en 2016.
  • Si la donación es igual o superior a las donaciones efectuadas en los tres años precedentes, el resto de la donación desgravará un 35% en 2016. En caso contrario, el resto desgravará un 30%
  • En otro caso, el resto de sus donativos desgravarán un 30% en 2016.

Al margen de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Ley de IRPF en su artículo 68.3.b) establece una deducción estatal a la cuota íntegra del 10% de las cantidades donadas en metálico. Esta deducción tiene como límite el 10% (ampliable al 15% si las donaciones se producen a programas prioritarios de mecenazgo) de la base liquidable total del contribuyente

¿Qué requisitos deben cumplir las entidades sin fines lucrativos?

Los requisitos que tienen que cumplir las entidades sin ánimo de lucro, para ser consideradas como tales, a efectos de la Ley 49/2002, son los siguientes:

  1. Que persigan fines de interés general.
  2. Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70% de los ingresos que generen por:
    • Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
    • Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
    • Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos.
  3. Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no exceda del 40% de los ingresos totales de la entidad.
  4. Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.
  5. Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.
  6. Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias.
  7. Que estén inscritas en el registro correspondiente.
  8. Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias.
  9. Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado del registro correspondiente.
  10. Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.

Según el artículo 24 de la Ley 49/2002 y el artículo 6 del RD 1270/2003, las entidades beneficiarias deberán emitir unos certificados e informar de la Administración tributaria de los mismos con, entre otro, el siguiente contenido: datos fiscales identificativos del donante, fechas e importes de las donaciones, documentos acreditativos de las mismas, destino del donativo y mención expresa al carácter irrevocable de la donación.

A este efecto, las entidades beneficiarias cumplimentarán la declaración informativa modelo 182

 

El origen de las mercancías

La correcta aplicación de los beneficios arancelarios así como la gestión de las restricciones cuantitativas a la importación de ciertas mercancías exige la adopción de una precisa normativa aduanera que delimite cual es el origen concreto de la mercancía.

El Código Aduanero Comunitario distingue dos tratamientos diferentes:

  1. Normas generales o no preferentes para mercancías con origen en países con los que no existan relaciones específicas.
  2. Normas preferenciales acordadas con países beneficiados de acuerdos internacionales concluídos con la UE, ya sean acuerdos bilaterales o multilaterales. El régimen preferencial suele llevar acompañado un requisito en forma de certificación de origen expedida por las autoridades aduaneras del país exportador.

Debido a esta disyuntiva, determinar el origen de la mercancía es de sustancial importancia.

Se considerarán mercancías originarias de un país, a las obtenidas enteramente en el mismo. También, cuando una mercancía se obtenga a través de productos importados y haya sido objeto de transformación suficiente (genere un cambio de partida o un valor añadido que supere un determinado porcentaje del valor total del producto, o transformaciones que se especifiquen expresamente en el acuerdo comercial). También cuando la mercancía sea transportada directamente desde el país beneficiario del acuerdo al país de exportación.

Así, el concepto es el de transformación sustancial, económicamente justificada y que haya conducido a un producto nuevo.

La ambigüedad de estos criterios conlleva grandes dificultades para su aplicación. Para intentar paliar esas dificultades, la Comisión Europea ha elaborado una serie de criterios interpretativos disponiendo, por ejemplo, el valor añadido mínimo que deben comportar las transformaciones o elaboraciones en cuestión. También el Tribunal de Justicia de la UE ha especificado, en los casos sometidos a su jurisdicción, qué transformaciones confieren origen y cuáles no.

De todas formas, la dificultad sigue ahí, puesto que son las autoridades tributarias las que llevan la carga de la prueba al denegar el origen a una mercancía.

A este respecto, debido a la competitividad del sector textil, la Comisión Europea ha desarrollado reglamentariamente normas específicas para que el valor de las materias no originarias (de país preferencial) incorporadas en la fabricación no sobrepase determinado valor y estemos ante un caso de dumping.