La caducidad de los procedimientos tributarios

En asimilación del procedimiento administrativo y según el artículo 100 de la Ley General Tributaria, el procedimiento tributario puede terminarse mediante: resolución, desestimiento, renuncia al derecho, caducidad y sobreseimiento.

A los que se añaden, como dice la LGT, el cumplimiento de la obligación que hubiere sido objeto de requerimiento (ej.: requerimiento de información) o la finalización de una procedimiento de aplicación de tributos como consecuencia del inicio de otro. También se contempla la terminación mediante acuerdo, pacto o convenio entre las partes.

Los procedimientos caducados, por regla general, NO interrumpen los plazos salvo dos excepciones que SÍ:

      1. En el procedimiento inspector la interrupción injustificada durante más de 6 meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo máximo del procedimiento.
      2. En el procedimiento sancionador, pudiéndose iniciar otro antes de finalizar el plazo de prescripción.

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El delito fiscal, los derechos de imagen y la nueva normativa tributaria

Últimamente son frecuentes en nuestro los procesos judiciales en los que se alude o se imputa un delito fiscal.

Con anterioridad a la reforma de la LGT operada por la Ley 34/2015 el procedimiento ante un posible delito fiscal era el siguiente: la AEAT, en su labor de auxilio judicial, elaboraba una informe para el estudio de sus conclusiones por la autoridad judicial. Es decir, se remitía el tanto de culpa a la autoridad judicial. Es dicha autoridad quien determinará el delito penal y realizará la liquidación correspondiente en consecuencia. Una vez finalizada la causa (por resolución, sobreseimiento, archivo, devolución…etc.) procederá, en su caso, continuar con las actuaciones administrativas paralizadas por la causa judicial.

Este procedimiento se decía que favorecía a los investigados por delitos contra la Hacienda Pública con respecto a otros deudores, puesto que los primeros no se les exigía la deuda o su garantía hasta finalizar el procedimiento judicial.

Una de las grandes novedades de la reforma estriba en que la actuación de la Administración se realizará de manera activa, es decir, adjuntará la liquidación correspondiente en la remisión a la autoridad judicial y continuará con el procedimiento de liquidación. También hay que decir que potestativamente, aunque esta será la regla, la Administración podrá paralizar las actuaciones.

Además, la nueva legislación reconoce la regularización voluntaria (cuota con recargos e intereses de demora) como supuesto capaz de enervar las posibles consecuencias penales. Este pago se exigirá aún cuando haya prescrito el derecho por parte de la Administración a determinar la deuda.

Sin entrar en el fondo de los presuntos delitos por los que se acusa a determinados futbolistas, la cuestión fundamental parece ser la fuente de sus ingresos, tanto los meramente deportivos como todos los asociados a la comercialización de su imagen.

Sin entrar en la llamada Ley Beckham y la posterior reforma del Impuesto Sobre la Renta de los No Residentes, parece evidente que el conflicto estriba en las prácticas elusivas que realizan los obligados tributarios para no tributar al tipo marginal del IRPF (superando en algunos casos el 50% de la renta obtenida). De esa “fuga” se beneficiaría la recaudación por el Impuesto de Sociedades (por la que se tributa la mitad), beneficio que también redunda en el jugador.

¿Pero esto se puede hacer? La respuesta es: no. Como asalariado de un club, el jugador no puede cobrar mediante sociedades interpuestas. Tampoco los ingresos obtenidos por la cesión de sus derechos de imagen. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava la cesión de derechos de imagen como rendimiento de capital mobiliario siempre y cuando no constituya actividad económica. Así pues, la LIRPF dice expresamente que el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas constituyen actividades económicas.

Ahora bien, es totalmente lícito y recomendable articular la actividad mercantil a través de una sociedad, de modo que el patrimonio personal quede a salvo del eventual devenir de la misma. Sin embargo, esta separación de patrimonios no debe utilizarse de forma fraudulenta, llegando a lo que se conoce como abuso de la personalidad jurídica. La licitud de la constitución de sociedades no debe utilizarse, con mala fe o abuso del derecho, a modo de cortafuegos que impidan al acreedor (por ejemplo, la Agencia Tributaria) obtener la satisfacción de sus créditos. Sin embargo, más allá de los impedimentos generales al fraude de ley y al abuso del derecho establecidos en el Código Civil, no existe en nuestra legislación societaria prevención alguna al respecto.

Ante esta carencia de normas positivas, la jurisprudencia ha tenido que construir sus propios mecanismos para combatir los eventuales abusos de la personalidad jurídica, valiéndose para ello del levantamiento del velo, doctrina que se utilizó en España por vez primera en una Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984 y se ha venido utilizando desde entonces con la siguiente finalidad que el propio Supremo le otorga en su Sentencia 1105/2007, de 29 de octubre: “Se trata, en todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento”, entendiendo que concurre este uso inadecuado cuando la finalidad de la sociedad no es la que a priori le resulta propia (el ejercicio de actividades mercantiles) sino la mera elusión de responsabilidades personales, como el pago.

La práctica de conducta está tipificada en el artículo 305 del Código Penal.

Artículo 305

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

¿Cuándo es delito y cuándo infracción?

Fundamentalmente en el delito por defraudación tributaria se tienen que dar la concurrencia de dos circunstancias:

  • La elusión en el pago
  • Que la conducta sea calificable como defraudadora. Quizás el aspecto más maleable a interpretaciones y acuerdos (una vez realizados los correspondientes pagos a cuenta) entre las partes, en este caso, el jugador y la Fiscalía. Es común que el jugador, una vez pagada la deuda tributaria reconozca los hechos y acepte penas de prisión inferiores a dos años y una multa.

¿Agravantes?

Podrá castigarse con una pena de prisión aumentada a 2-6 años y multas del duplo al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiera concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

  • Cuando la cuota defraudada exceda de 600.000€
  • Que se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal
  • Utilización de mecanismos pantalla (como sociedades interpuestas) para dificultar la determinación de la identidad del obligado, la cuantía defraudada y su patrimonio.

¿Atenuantes?

Se podrá imponer al obligado tributario la pena inferior en 1 o 2 grados, siempre que, antes de que transcurran 2 meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. También para el caso de que colaboren en la obtención de pruebas, la averiguación de patrimonio o identificación de responsables.

El auxilio de la AEAT

Por último, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos de la LGT, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarán auxilio de los servicios de la AEAT que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

La disposición Adicional 10ª de la LGT atribuyó a la AEAT la competencia para la exacción de la responsabilidad civil que corresponda como consecuencia de la sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública. Teniendo como punto de origen la sentencia que determina el quantum del delito, el juez o tribunal competente remitirá la sentencia firme para la ejecución de la responsabilidad civil que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la AEAT no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos por la LGT.

Fuentes:

http://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/doctrina-jurisprudencial-levantamiento-velo-societario_11_370180002.html

“Reforma parcial de la LGT operada por la Ley 34/2015” Jose Andrés Sánchez Pedroche. http://www.fiscal-impuestos.com

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/reforma-ley-general-tributaria-ley-34-2015_c_s.pdf

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/reforma-ley-general-tributaria-ley-34-2015_c_s.pdf

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/reforma-ley-general-tributaria-ley-34-2015_c_s.pdf

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/reforma-ley-general-tributaria-ley-34-2015_c_s.pdf

 

Cesión de un inmueble en arrendamiento financiero

Tienen la consideración de rendimientos íntegros del capital inmobiliario los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.
Por el contrario, las cantidades percibidas por el subarrendador se consideran rendimientos del capital mobiliario  según el art.25.4.c LIRPF. La participación del propietario o usufructuario del inmueble en el precio del subarriendo tiene la consideración de rendimientos del capital inmobiliario.
Sin embargo, cuando el arrendamiento financiero de un inmueble nos genera unos rendimientos, siempre y cuando no ejerzamos actividad económica y no se haya ejercido la opción de compra correspondiente, constituyen rendimientos de capital mobiliario según el citado art.25.4 LIRPF

Cómo tributan las indemnizaciones por rescisión de contrato

Este tipo de ingresos son muy comunes en el arrendamiento de inmuebles o locales. Pongamos un ejemplo:

Un contribuyente propietario de un local de negocio arrendado percibe del arrendatario 10.000 € en concepto de indemnización por rescisión anticipada del contrato de arrendamiento

En este caso, al igual que los ingresos corrientes por arrendamiento, constituyen un rendimiento de capital inmobiliario sujeto y no exento en IRPF. Al mismo tiempo, por ejercicio de actividad económica dichos rendimientos serán sometidos a retención por el pagador.

La obligación de realizar pagos fraccionados

Es de obligado cumplimiento presentar autoliquidación por pagos fraccionados, por ejemplo, en Impuesto de Sociedades, aunque en el año correspondiente se produzcan resultados negativos.

En el caso de autoliquidación de cuota cero o sin actividad, de no presentarse, se procederá a una sanción leve por incumplimiento del art.198.LGT.

En el caso de que, en aplicación de la normativa del correspondiente impuesto y a pesar de la existencia de las perdidas, resultase cantidad a ingresar por cada uno de los pagos fraccionados que hubieran debido realizarse, se procedería a una sanción por incumpliento del art.191.LGT. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

 

El precio de transmisión de un bien inmueble a efectos tributarios

 

No siempre el precio de transmisión de un inmueble es el valor a efectos fiscales, aspecto que puede influir en a la hora de liquidar nuestro IPRF.

Según enuncia el art.57.LGT existen un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración sin indicativos de cuales deben usarse en cada caso ni criterios de prioridad. En todo caso, la Administración habrá de especificar cuál ha sido el medio empleado y los criterios por los que se ha elegido. Enumeramos algunos:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado en la ley de cada tributo.
  • Valores que figuren en registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Tasación de propiedades hipotecadas.
  • Precio o valor declarado en transmisiones del mismo bien, etc.

El procedimiento de comprobación de valores es uno de los procedimientos de gestión más comunes. Se puede iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización (liquidación) y de valoración justificada. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de la obligación tributaria.

Si el procedimiento de comprobación de valores se efectúa de forma autónoma el acto que se dicte al efecto tendrá la consideración de definitivo y recurrible; si se lleva a cabo en un procedimiento de gestión o inspección, se considerará acto de trámite, y el recurso se efectuará contra la liquidación efectuada por la Administración.

Veamos un ejemplo:

D.RR, vendió en 2014 y por 280.000 euros, un determinado bien inmueble adquirido en 2010 por un precio de 250.000 euros. D. RR presenta su autoliquidación por el IRPF, año 2014 determinando una ganancia patrimonial por valor de 30.000 euros. Dicho inmueble está asegurado, en una póliza de seguros del año 2014, por un valor de 310.000 euros (excluido el valor de los muebles y resto de los objetos incluidos en el mismo).

En este caso Procedería fijar el valor de mercado en 310.000 .-€, que fue el valor dado en la póliza de seguros del año 2014, salvo que la AEAT determine un valor superior en aplicación de cualquier otro método de valoración en el procedimiento de comprobación de valores para determinar el valor de mercado del inmueble en el año 2014.