El procedimiento de comprobación de valores

Las actuaciones de valoración tributaria no siempre se incardinan dentro de funciones comprobatorias (de gestión e inspección) de la Administración tributaria:

  1. Pueden ser solicitadas por otros órganos de la Administración tributaria (valoración de bienes embargados), Administración Tributarias de CC.AA (valoración de tributos cedidos) u órganos como la Administración de Justicia en labores de auxilio.
  2. Actuaciones dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios.
  3. Las que forman parte de la función liquidadora.

Medios

Según enuncia el art.57.LGT existen un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración sin indicativos de cuales deben usarse en cada caso ni criterios de prioridad. En todo caso, habrá de especificarse cuál ha sido el medio empleado y justificar su elección. Enumeramos algunos:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado en la ley de cada tributo.
  • Estimación por referencia a valores que figuren en registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Tasación de propiedades hipotecadas.
  • Precio o valor declarado en transmisiones del mismo bien, etc.

Procedimiento (art.134 LGT)

Es uno de los procedimientos de gestión más comunes. Se puede iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización (liquidación) y de valoración justificada, abriendo un plazo de alegaciones.

La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de la obligación tributaria.

El plazo máximo de resolución son 6 meses y su incumplimiento producirá la caducidad del procedimiento.

Si el procedimiento de comprobación de valores se efectúa de forma autónoma el acto que se dicte al efecto tendrá la consideración de definitivo y recurrible.

En cambio, si se lleva a cabo en un procedimiento de gestión o inspección, se considerará acto de trámite, y el recurso se efectuará exclusivamente contra liquidación basada en la comprobación de valores.

El procedimiento de comprobación de valores es utilizado con frecuencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

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