¿Qué diferencia hay entre una tasa y un precio público?

Muchas veces utilizamos de manera indiferente los dos conceptos, pero no tendría que ser así, puesto que su definición jurídica conlleva consecuencias legales distintas.

Una tasa es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado.

Un precio público, en cambio, no es un tributo, siendo la contraprestación de un servicio de demanda voluntaria y no estando limitado en su importe por los costes directos o indirectos originados en la realización del servicio o actividad, como si lo hacen las tasas. Es decir, el precio público puede incluir un margen de beneficio para el ente prestador del servicio o, directamente, no estar relacionado con el coste del servicio sino en base a otros criterios recaudatorios.

Hay múltiples ejemplos en el ámbito local, pero creo que se ve con claridad en el siguiente.

Un organismo autónomo como puede ser una Universidad pública presta un servicio voluntario a los ciudadanos como es la enseñanza superior como nivel no obligatorio. Por este servicio, los ciudadanos que queremos recibirlo pagamos un precio público en concepto de matrícula anual obtenido de una estimación del coste del servicio. Dicho precio esta subvencionado (cada vez menos) por entes públicos de diferentes niveles de la administración. La parte no subvencionada es la que costean las familias. A diferencia de las matrículas, al final de nuestra vida universitaria necesitamos la obtención de un título, pues bien, al ser requisito ineludible para la habilitación de nuestros estudios, este servicio es una tasa.

Cabe decir que si no hubieran Universidades privadas, los precios de las matrículas se convertirían en tasas puesto que el servicio no sería ofrecido por sujetos privados, indiferentemente de que la demanda siguiese siendo privada.

¿Qué impuestos se pagan en la compra de una vivienda?

Lo primero a tener en cuenta sería la situación inicial del inmueble, es decir, si es nuevo o de segunda mano.

Si es de nueva construcción, el precio de la vivienda deberá incorporar IVA, pues está sujeto y no exento de dicho gravamen. El tipo vigente para los inmuebles es del 10% sobre el precio del inmueble.

En cambio, si es vivienda anteriormente usada, la compraventa estará sujeta y exenta de IVA, pero tributará por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El tipo vigente para las transmisiones de inmuebles es del 6%, pero las CC.AA tiene potestad para modificarlo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un 7%.

En cualquier caso, la necesidad de escritura conllevará otro impuesto, el de Actos Jurídicos Documentados por la modalidad de documentos notariales. Si la compraventa fuera gravada por TPO sólo se pagaría la cuota fija del impuesto, es decir, 0,3.-€ por pliego o 0,15.-€ por folio. Si la operación fuera gravada con IVA, además de la cuota fija de AJD se añadirá la variable, que consiste en el 0,5% del valor escriturado, descontando IVA o TPO. Este porcentaje también puede ser modificado por las CC.AA, llegando en algunos casos al 1% o 1,5%.

A su vez, los aranceles notariales (honorarios) supondrán otra apertura de monedero, pero esto ya no son impuestos.

 

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta 2015?

En mi experiencia profesional es un tema recurrente, y más con la disminución de ingresos brutos salariales.

Según el art.61 del Reglamento IRPF Real Decreto 439/2007, estarán obligados, entre otros, los siguientes contribuyentes:

  1. Contribuyentes que tengan derecho a la deducción por Doble Imposición Internacional.
  2. Quienes realicen aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros de dependencia o mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
  3. Contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo (incluidos profesionales) superiores a 22.000.-€ brutos anuales, cuando procedan de un solo pagador.
  4. Si la cantidad percibida por un segundo o más pagadores, por rendimientos de trabajo, supera los 1.500.-€, el límite se reduce a 12.000.-€
  5. También serán 12.000.-€ anuales cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos distintas de las recibidas de los padres.
  6. También serán 12.000.-€ cuando el pagador de los rendimientos  del trabajo no esté obligado a retener.
  7. Cuando se perciban rendimientos de capital mobiliario (ej. intereses) o ganancias patrimoniales superiores, en su conjunto, a 1.600.-€
  8. Rentas inmobiliarias imputadas (ej. segunda vivienda), rendimientos íntegros de capital mobiliario procedentes de letras del tesoro y subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial; superiores, en su conjunto, de 1.000.-€

En ningún caso tendrán que declarar lo contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas (profesionales), así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000.-€ anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500.-€