¿Qué diferencia hay entre una tasa y un precio público?

Muchas veces utilizamos de manera indiferente los dos conceptos, pero no tendría que ser así, puesto que su definición jurídica conlleva consecuencias legales distintas.

Una tasa es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado.

Un precio público, en cambio, no es un tributo, siendo la contraprestación de un servicio de demanda voluntaria y no estando limitado en su importe por los costes directos o indirectos originados en la realización del servicio o actividad, como si lo hacen las tasas. Es decir, el precio público puede incluir un margen de beneficio para el ente prestador del servicio o, directamente, no estar relacionado con el coste del servicio sino en base a otros criterios recaudatorios.

Hay múltiples ejemplos en el ámbito local, pero creo que se ve con claridad en el siguiente.

Un organismo autónomo como puede ser una Universidad pública presta un servicio voluntario a los ciudadanos como es la enseñanza superior como nivel no obligatorio. Por este servicio, los ciudadanos que queremos recibirlo pagamos un precio público en concepto de matrícula anual obtenido de una estimación del coste del servicio. Dicho precio esta subvencionado (cada vez menos) por entes públicos de diferentes niveles de la administración. La parte no subvencionada es la que costean las familias. A diferencia de las matrículas, al final de nuestra vida universitaria necesitamos la obtención de un título, pues bien, al ser requisito ineludible para la habilitación de nuestros estudios, este servicio es una tasa.

Cabe decir que si no hubieran Universidades privadas, los precios de las matrículas se convertirían en tasas puesto que el servicio no sería ofrecido por sujetos privados, indiferentemente de que la demanda siguiese siendo privada.

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