El deterioro de existencias sigue siendo gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades

La última reforma del Impuesto sobre Sociedades ha tenido como objetivo alcanzar la estabilidad presupuestaria y, por tanto, tiende a aumentar las bases impositivas. El art.13 LIS establece ahora como regla general la no deducibilidad de los gastos contabilizados por deterioros. Ahora bien, el art.13.2 no menciona el deterioro de existencias. En este caso, se deduce que no existen diferencias entre la normativa contable y fiscal y, por lo tanto, no tendremos que realizar ajuste alguno sobre los deterioros contabilizados (cuenta 693, pérdidas por deterioro de existencias). Esta cuestión ha sido planteada en la Consulta Vinculante nº V0805-16 y más concretamente en la V0132-15, “dado que la Ley del Impuesto sobre Sociedades no establece ninguna regulación específica respecto de las correcciones valorativas registradas como consecuencia del deterioro de valor (…) será de aplicación lo establecido en el PGC.”

Se mantienen los requisitos de siempre para poder considerar el deterioro (mediante sistema individualizado) como gasto fiscalmente deducible (que concurra alguna de las siguientes):

  1. Haber transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento de la obligación.
  2. Que exista reclamación judicial o procedimiento arbitral para el cobro.
  3. El deudor procesado por alzamiento de bienes.
  4. El deudor se encuentre en situación de concurso.

 

 

Formas de gestión de un patrimonio inmobiliario a efectos fiscales

Existen diversas formas de gestión de un patrimonio inmobiliario dependiendo de la estructura con la que dotemos a la actividad:

En un primer lugar, la forma más sencilla para las personas físicas que posean patrimonio inmobiliario sería su tributación por IRPF como rendimientos de capital inmobiliario. Pese a no contar con una estructura de gestión y reducir gastos (según art.27 LIRPF, de, al menos, una persona contratada a tiempo completo y un local donde se ejerza la actividad en exclusividad), sería la forma, a priori, más gravosa a efectos fiscales.

En un segundo lugar y por contradicción con lo anterior, si la actividad es considerada como actividad económica (con la estructura mencionada y con los criterios jurisprudenciales que la desarrollan), los rendimientos se imputarían como actividades económicas. En este sentido, la actividad conllevaría mayores gastos pero también se amplía el rango de gastos fiscalmente deducibles. El tipo marginal impositivo sería el mismo que en la opción anterior. Si entre nuestros inmuebles poseemos locales, esta vía resultaría más efectiva al no poder aplicarnos la reducción del art.23.3 LIRPF

Una tercera opción, en forma de persona jurídica y tributación por Impuesto de Sociedades, sería la constitución de una sociedad a través de la que se gestionase el patrimonio inmobiliario (nuestro tipo impositivo marginal sería fijo del 25%, favoreciendo). De las múltiples formas mercantiles, a nosotros nos interesa su denominación a efectos fiscales. Distinción que resulta entre las denominadas sociedades patrimoniales y las no patrimoniales. Según el art.5.2 LIS se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica.

Una de los beneficios fiscales que ofrece la LISD es la bonificación del 95% (En el supuesto de donaciones de inmuebles, la liquidación del impuesto deberá de presentarse en la comunidad autónoma donde  radiquen los inmuebles) de la cuota íntegra del impuesto en las sucesiones o donaciones (la donación de inmuebles también requiere de escritura pública) a cónyuge o hijos que tengan como objeto la empresa familiar. Empresas que deberán tener actividad y, por tanto, ser consideradas a efectos fiscales como no patrimoniales (más de la mitad de su activo no puede estar constituido por valores o no afecto a la actividad empresarial). Uno de esos requisitos es que la participación objeto de transmisión se encuentre exenta de tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio. La normativa del IP contempla una exención sobre el valor de las participaciones en una empresa familiar, en la misma proporción en que sus elementos patrimoniales se encuentren afectos a una actividad empresarial. Por tanto, según la doctrina administrativa y del Tribunal Supremo, en la donación de participaciones de la empresa familiar, la reducción respetará la proporcionalidad entre los elementos afectos a la actividad y los que no (a no ser que se haya producido un proceso de descapitalización previo de los activos no afectos a la actividad). Además, los requisitos que la Ley de Patrimonio establece para aplicar la reducción en el ISD son los siguientes:

  1. a) Que la entidad ejerza una actividad económica y no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
  2. b) Que el sujeto pasivo ostente un 5 % individual o un 20 % con su “grupo familiar” (cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado)
  3. c) Que uno de los miembros del “grupo familiar” ejerza funciones de dirección y su retribución sea superior al 50 % del conjunto de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Recientemente el Tribunal Supremo ha agrupado los requisitos b) y c) no sólo en el sujeto pasivo donatario sino también en su “grupo familiar”.

Por tanto, si tenemos herederos dentro del GRUPO I y II, condición necesaria, es conveniente planificar la constitución de una sociedad que no sea considerada a efectos fiscales como “patrimonial” en conjunción con el art.4.Ocho.Dos LIP. Las sociedades patrimoniales no gozarán de los siguientes beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades:

  • No se podrá aplicar la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores.
  • No se podrán compensar las bases imponibles negativas cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hubieran sido adquiridos por una persona o entidad con una participación inferior al 25% en la entidad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  • No podrá aplicar el tipo de gravamen del 15% para entidades de nueva creación.
  • Aplicación más severa de las medidas de transparencia fiscal internacional.
  • No podrá aplicar los incentivos fiscales establecidos para las entidades de reducida dimensión.
  • No podrá acogerse al Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros, si procediese por su actividad.

Read more: http://asesorcontable.es/nueva_fiscalidad_sociedad_patrimonial/#ixzz4V6dqbe5v

De forma derivada a esta tercera opción podríamos gestionar nuestra actividad inmobiliaria a través de participación en otras sociedades mercantiles (más del 5%) o estableciendo un holding (matriz como socio mayoritario), siempre y cuando las entidades participadas dispongan de actividad (medios materiales y humanos suficientes). La gestión en forma de holding nos permitiría una serie de ventajas fiscales para las diversas líneas de negocio inmobiliario (viviendas, locales…etc.) fruto de la individualización de los beneficios fiscales (compensaciones, reducciones, deducciones, bonificaciones…etc.) y del aprovechamiento por la matriz. Para la actividad de arrendamiento de viviendas existe también un régimen especial del IS que bonificaría en un 85% la Cuota Íntegra resultado de rentas derivadas de dichos arrendamientos.

Con respecto al ISD, los requisitos del art.20.6 LISD se circunscriben exclusivamente a la sociedad matriz.

Para grandes patrimonios (debido a requisitos de creación) los ingresos de arrendamientos se pueden canalizar a través de SOCIMI, entidades que deben cotizar en bolsa, aumentado los requisitos formales de constitución y gestión.

¿Dónde debo de tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

En primer lugar, debemos de partir desde la perspectiva internacional. Es un hecho que los distintos países tienen diferentes criterios de ámbito territorial. Por lo tanto, un mismo sujeto puede ser requerido en un país por residir en el mismo y en otro por encontrarse en dicho territorio un inmueble incluido en la herencia. Para estos casos habría que acudir a los Convenios de Doble Imposición o aplicar las deducción por doble imposición internacional.

Cuando se trate de una herencia (adquisición mortis causa), el sujeto pasivo (quien es el obligado tributario) será el heredero o legatario, y el criterio es la residencia del causante (fallecido). Estamos ante un supuesto de obligación personal.

En la donaciones, el sujeto pasivo será el donatario (quien la recibe), y también se utilizará el criterio de residencia, por tanto, si es residente a efectos fiscales en territorio español, estará sujeto.a ISD. Estamos también ante una supuesto de obligación personal.

De incluir la herencia un bien o derecho situado o que pueda ser efectivo en territorio español, estaremos ante un supuesto de obligación real, es decir, tributaremos por ISD cualquiera que sea la residencia del adquiriente.

Ahora bien, al ser el ISD un impuesto parcialmente cedido a las CC.AA, debemos concretar el criterio de residencia a nivel autonómico. Pero antes, ¿qué entendemos por residencia habitual? Para resolver esta cuestión tenemos que remitirnos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

  • Que permanezca más de 183 días, durante un año natural, en territorio español (no es requisito que esos días sean consecutivos, es decir pueden ser alternos, pero deben computarse independientemente por cada año natural). Las ausencias esporádicas del contribuyente se consideran como permanencia en España, salvo que aquél acredite su residencia fiscal en otro país. Por lo que se refiere a los territorios o países calificados como paraísos fiscales, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante 183 días del año natural.
  • Que radique en España el núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. El núcleo de intereses del contribuyente se entiende como el lugar donde se concentre la mayor parte de sus inversiones, donde radique la sede de sus negocios, o desde donde administre sus bienes. Puede también admitirse como el lugar en que obtenga la mayor parte de sus rentas.

Pero también se establecen unas presunciones y una salvedad:

  • Se presume, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español, cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.
  • Cuando la persona física de nacionalidad española acredite su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal, no perderá su condición de contribuyente por el IRPF español ni en el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia ni en los cuatro siguientes.

Vamos con los supuestos de obligación personal.

En adquisiciones Mortis Causa:

  1. Cuando el causante sea residente en España, se aplicará la normativa autonómica de la Comunidad donde residía.
  2. Cuando el causante no fuera residente en España, pero sí de un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, se aplicará la normativa autonómica de donde se encuentre el mayor valor de los bienes en España, o en su defecto, donde resida el contribuyente.
  3. Cuando el causante es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

En donaciones de inmuebles:

  1. Inmuebles situados en España, se aplicará la normativa autonómica de donde se sitúen.
  2. Si el inmueble no se sitúa en España pero sí en zona UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica de donde resida el donatario.
  3. Inmueble situado en territorio tercero, se aplicará la normativa estatal.

En donaciones de muebles, se aplicará la normativa autonómica donde resida el donatario (quien adquiere).

Por último, veremos los supuestos de obligación real (no residencia habitual en España)

En adquisiciones Mortis Causa:

  1. Cuando el heredero es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde el causante tenga su residencia.
  2. Cuando el heredero es residente en un país tercero, se aplicará la normativa estatal.
  3. Cuando el causante se encuentre en un Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica de donde se encuentre el mayor valor de los bienes en España, o en su defecto, donde resida el contribuyente.
  4. Cuando el causante es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

Adquisiciones inter-vivos. Bienes inmuebles:

  1. Si el donatario es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde radiquen los bienes.
  2. Cuando el donatario es residente en un país tercero, se aplicará la normativa estatal.

Bienes muebles:

  1. Si el donatario es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde el bien haya permanecido un mayor número de días en los últimos 5 años.
  2. Si el donatario es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

 

¿Qué impuestos se pagan en la compra de una vivienda?

Lo primero a tener en cuenta sería la situación inicial del inmueble, es decir, si es nuevo o de segunda mano.

Si es de nueva construcción, el precio de la vivienda deberá incorporar IVA, pues está sujeto y no exento de dicho gravamen. El tipo vigente para los inmuebles es del 10% sobre el precio del inmueble.

En cambio, si es vivienda anteriormente usada, la compraventa estará sujeta y exenta de IVA, pero tributará por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El tipo vigente para las transmisiones de inmuebles es del 6%, pero las CC.AA tiene potestad para modificarlo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un 7%.

En cualquier caso, la necesidad de escritura conllevará otro impuesto, el de Actos Jurídicos Documentados por la modalidad de documentos notariales. Si la compraventa fuera gravada por TPO sólo se pagaría la cuota fija del impuesto, es decir, 0,3.-€ por pliego o 0,15.-€ por folio. Si la operación fuera gravada con IVA, además de la cuota fija de AJD se añadirá la variable, que consiste en el 0,5% del valor escriturado, descontando IVA o TPO. Este porcentaje también puede ser modificado por las CC.AA, llegando en algunos casos al 1% o 1,5%.

A su vez, los aranceles notariales (honorarios) supondrán otra apertura de monedero, pero esto ya no son impuestos.

 

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta 2015?

En mi experiencia profesional es un tema recurrente, y más con la disminución de ingresos brutos salariales.

Según el art.61 del Reglamento IRPF Real Decreto 439/2007, estarán obligados, entre otros, los siguientes contribuyentes:

  1. Contribuyentes que tengan derecho a la deducción por Doble Imposición Internacional.
  2. Quienes realicen aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros de dependencia o mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
  3. Contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo (incluidos profesionales) superiores a 22.000.-€ brutos anuales, cuando procedan de un solo pagador.
  4. Si la cantidad percibida por un segundo o más pagadores, por rendimientos de trabajo, supera los 1.500.-€, el límite se reduce a 12.000.-€
  5. También serán 12.000.-€ anuales cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos distintas de las recibidas de los padres.
  6. También serán 12.000.-€ cuando el pagador de los rendimientos  del trabajo no esté obligado a retener.
  7. Cuando se perciban rendimientos de capital mobiliario (ej. intereses) o ganancias patrimoniales superiores, en su conjunto, a 1.600.-€
  8. Rentas inmobiliarias imputadas (ej. segunda vivienda), rendimientos íntegros de capital mobiliario procedentes de letras del tesoro y subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial; superiores, en su conjunto, de 1.000.-€

En ningún caso tendrán que declarar lo contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas (profesionales), así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000.-€ anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500.-€

La compensación de deuda tributaria

La compensación es una forma de extinción de la deuda tributaria regulada en los artículos 71-74 LGT.

Se realizará de oficio o a instancia de parte con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del contribuyente.

A instancia del interesado, solicitada en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda, pero no el devengo de intereses de demora que pueda proceder hasta la fecha del reconocimiento del crédito. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos si fuera en momento posterior.

La Administración compensará de oficio las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo. Así mismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección. También las cantidades resultantes de procedimientos en única instancia de reclamaciones económicas-administrativas.

Pongamos un ejemplo: Deuda tributaria por importe de 35.000.-€ derivada de una liquidación practicada por la AEAT en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012. Dicha deuda fue notificada al contribuyente el 23 de febrero de 2015. La deuda no fue ingresada en plazo y con fecha de 17 de mayo de 2016 se le notificó providencia de apremio. Esta deuda conllevará un recargo de apremio reducido del 10%. El 24 de febrero de 2016 se solicita la compensación por devolución de IVA del 4º trimestre de 2014 por importe de 40.000.-€, liquidación presentada el 30 de noviembre de 2015. Finalmente el 10 de junio de 2016 se acuerda la compensación.

Independientemente de la sanción que corresponde según el artículo 198 LGT, el contribuyente tiene derecho a la devolución de 1.500.-€ y el abono de intereses de demora desde pasados 6 meses de la presentación de la autoliquidación negativa.

El procedimiento de comprobación de valores

Las actuaciones de valoración tributaria no siempre se incardinan dentro de funciones comprobatorias (de gestión e inspección) de la Administración tributaria:

  1. Pueden ser solicitadas por otros órganos de la Administración tributaria (valoración de bienes embargados), Administración Tributarias de CC.AA (valoración de tributos cedidos) u órganos como la Administración de Justicia en labores de auxilio.
  2. Actuaciones dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios.
  3. Las que forman parte de la función liquidadora.

Medios

Según enuncia el art.57.LGT existen un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración sin indicativos de cuales deben usarse en cada caso ni criterios de prioridad. En todo caso, habrá de especificarse cuál ha sido el medio empleado y justificar su elección. Enumeramos algunos:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado en la ley de cada tributo.
  • Estimación por referencia a valores que figuren en registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Tasación de propiedades hipotecadas.
  • Precio o valor declarado en transmisiones del mismo bien, etc.

Procedimiento (art.134 LGT)

Es uno de los procedimientos de gestión más comunes. Se puede iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización (liquidación) y de valoración justificada, abriendo un plazo de alegaciones.

La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de la obligación tributaria.

El plazo máximo de resolución son 6 meses y su incumplimiento producirá la caducidad del procedimiento.

Si el procedimiento de comprobación de valores se efectúa de forma autónoma el acto que se dicte al efecto tendrá la consideración de definitivo y recurrible.

En cambio, si se lleva a cabo en un procedimiento de gestión o inspección, se considerará acto de trámite, y el recurso se efectuará exclusivamente contra liquidación basada en la comprobación de valores.

El procedimiento de comprobación de valores es utilizado con frecuencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.