¿Qué es un paraíso fiscal?

Fundamentalmente un paraíso fiscal es un territorio donde se establece una legislación en materia tributaria laxa o nula, principalmente a los no residentes, con el objeto de atraer capitales de otros territorios, ya sean de origen lícito o ilícito. Se puede decir con rotundidad que son los agujeros negros de la economía moderna.

Pero esto no define completamente a un paraíso fiscal, en verdad, la raíz de su naturaleza reside en el secreto bancario y registral. Pero con el tiempo tampoco fue suficiente, ahora los paraísos fiscales ofrecen toda una serie de servicios contables, legales y comerciales que se ofertan en forma de “pack” a las grandes empresas y patrimonios. Es precisamente por esto que los defensores de los paraísos fiscales evitan dicha denominación en favor de “centros de servicios financieros”, como si los downtown de las grandes urbes fueran meros rastrillos.

Los paraísos fiscales se sustentan en base a los reducidos gravámenes pero exponenciados por el gran volumen de capitales “custodiados”, pero también por precios o tasas por diferentes conceptos, que como se puede entender, no llegan ni de lejos a las cuotas que dichos capitales deberían soportar en sus países de origen. Es curioso que, por ejemplo, las Islas Vírgenes posean 20 empresas por habitante.

¿Cúal es la función de dichas empresas? Obviamente reducir la imposición sobre producción foránea. Se utilizan como empresas pantalla que realizan labores de intermediación comercial. Por ejemplo, empresas que externalizan su producción en países del Este Asiático intermedian sus relaciones comerciales con Europa a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales jugando con los márgenes de compra-venta, ya sean activos tangibles o intangibles.

¿Cómo se sostienen? Gracias a la dominación que ejerce la ideología neoliberal (fundamentalismo de mercado lo llaman otros) sobre los “policy makers” a nivel global. Las multinacionales, las entidades de crédito demasiado grandes para quebrar, las agencias de rating y los conglomerados auditores forman parte de un sistema “canibal” que se reinicia cada cierto espacio de tiempo con fondos públicos. Este sistema financiero sabe muy bien lo que es el riesgo moral, son meros apuntes contables, lo que una noche te quita un crash bursátil…la siguiente mañana te lo dará en forma de bonos del tesoro público con el dinero de todos. Hagan juego.

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¿Dónde debo de tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

En primer lugar, debemos de partir desde la perspectiva internacional. Es un hecho que los distintos países tienen diferentes criterios de ámbito territorial. Por lo tanto, un mismo sujeto puede ser requerido en un país por residir en el mismo y en otro por encontrarse en dicho territorio un inmueble incluido en la herencia. Para estos casos habría que acudir a los Convenios de Doble Imposición o aplicar las deducción por doble imposición internacional.

Cuando se trate de una herencia (adquisición mortis causa), el sujeto pasivo (quien es el obligado tributario) será el heredero o legatario, y el criterio es la residencia del causante (fallecido). Estamos ante un supuesto de obligación personal.

En la donaciones, el sujeto pasivo será el donatario (quien la recibe), y también se utilizará el criterio de residencia, por tanto, si es residente a efectos fiscales en territorio español, estará sujeto.a ISD. Estamos también ante una supuesto de obligación personal.

De incluir la herencia un bien o derecho situado o que pueda ser efectivo en territorio español, estaremos ante un supuesto de obligación real, es decir, tributaremos por ISD cualquiera que sea la residencia del adquiriente.

Ahora bien, al ser el ISD un impuesto parcialmente cedido a las CC.AA, debemos concretar el criterio de residencia a nivel autonómico. Pero antes, ¿qué entendemos por residencia habitual? Para resolver esta cuestión tenemos que remitirnos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

  • Que permanezca más de 183 días, durante un año natural, en territorio español (no es requisito que esos días sean consecutivos, es decir pueden ser alternos, pero deben computarse independientemente por cada año natural). Las ausencias esporádicas del contribuyente se consideran como permanencia en España, salvo que aquél acredite su residencia fiscal en otro país. Por lo que se refiere a los territorios o países calificados como paraísos fiscales, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante 183 días del año natural.
  • Que radique en España el núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. El núcleo de intereses del contribuyente se entiende como el lugar donde se concentre la mayor parte de sus inversiones, donde radique la sede de sus negocios, o desde donde administre sus bienes. Puede también admitirse como el lugar en que obtenga la mayor parte de sus rentas.

Pero también se establecen unas presunciones y una salvedad:

  • Se presume, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español, cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.
  • Cuando la persona física de nacionalidad española acredite su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal, no perderá su condición de contribuyente por el IRPF español ni en el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia ni en los cuatro siguientes.

Vamos con los supuestos de obligación personal.

En adquisiciones Mortis Causa:

  1. Cuando el causante sea residente en España, se aplicará la normativa autonómica de la Comunidad donde residía.
  2. Cuando el causante no fuera residente en España, pero sí de un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, se aplicará la normativa autonómica de donde se encuentre el mayor valor de los bienes en España, o en su defecto, donde resida el contribuyente.
  3. Cuando el causante es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

En donaciones de inmuebles:

  1. Inmuebles situados en España, se aplicará la normativa autonómica de donde se sitúen.
  2. Si el inmueble no se sitúa en España pero sí en zona UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica de donde resida el donatario.
  3. Inmueble situado en territorio tercero, se aplicará la normativa estatal.

En donaciones de muebles, se aplicará la normativa autonómica donde resida el donatario (quien adquiere).

Por último, veremos los supuestos de obligación real (no residencia habitual en España)

En adquisiciones Mortis Causa:

  1. Cuando el heredero es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde el causante tenga su residencia.
  2. Cuando el heredero es residente en un país tercero, se aplicará la normativa estatal.
  3. Cuando el causante se encuentre en un Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica de donde se encuentre el mayor valor de los bienes en España, o en su defecto, donde resida el contribuyente.
  4. Cuando el causante es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

Adquisiciones inter-vivos. Bienes inmuebles:

  1. Si el donatario es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde radiquen los bienes.
  2. Cuando el donatario es residente en un país tercero, se aplicará la normativa estatal.

Bienes muebles:

  1. Si el donatario es residente en Estado UE o EEE, se aplicará la normativa autonómica donde el bien haya permanecido un mayor número de días en los últimos 5 años.
  2. Si el donatario es residente en un tercer país, se aplicará la normativa estatal.

 

¿Qué diferencia hay entre una tasa y un precio público?

Muchas veces utilizamos de manera indiferente los dos conceptos, pero no tendría que ser así, puesto que su definición jurídica conlleva consecuencias legales distintas.

Una tasa es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado.

Un precio público, en cambio, no es un tributo, siendo la contraprestación de un servicio de demanda voluntaria y no estando limitado en su importe por los costes directos o indirectos originados en la realización del servicio o actividad, como si lo hacen las tasas. Es decir, el precio público puede incluir un margen de beneficio para el ente prestador del servicio o, directamente, no estar relacionado con el coste del servicio sino en base a otros criterios recaudatorios.

Hay múltiples ejemplos en el ámbito local, pero creo que se ve con claridad en el siguiente.

Un organismo autónomo como puede ser una Universidad pública presta un servicio voluntario a los ciudadanos como es la enseñanza superior como nivel no obligatorio. Por este servicio, los ciudadanos que queremos recibirlo pagamos un precio público en concepto de matrícula anual obtenido de una estimación del coste del servicio. Dicho precio esta subvencionado (cada vez menos) por entes públicos de diferentes niveles de la administración. La parte no subvencionada es la que costean las familias. A diferencia de las matrículas, al final de nuestra vida universitaria necesitamos la obtención de un título, pues bien, al ser requisito ineludible para la habilitación de nuestros estudios, este servicio es una tasa.

Cabe decir que si no hubieran Universidades privadas, los precios de las matrículas se convertirían en tasas puesto que el servicio no sería ofrecido por sujetos privados, indiferentemente de que la demanda siguiese siendo privada.

¿Qué impuestos se pagan en la compra de una vivienda?

Lo primero a tener en cuenta sería la situación inicial del inmueble, es decir, si es nuevo o de segunda mano.

Si es de nueva construcción, el precio de la vivienda deberá incorporar IVA, pues está sujeto y no exento de dicho gravamen. El tipo vigente para los inmuebles es del 10% sobre el precio del inmueble.

En cambio, si es vivienda anteriormente usada, la compraventa estará sujeta y exenta de IVA, pero tributará por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El tipo vigente para las transmisiones de inmuebles es del 6%, pero las CC.AA tiene potestad para modificarlo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un 7%.

En cualquier caso, la necesidad de escritura conllevará otro impuesto, el de Actos Jurídicos Documentados por la modalidad de documentos notariales. Si la compraventa fuera gravada por TPO sólo se pagaría la cuota fija del impuesto, es decir, 0,3.-€ por pliego o 0,15.-€ por folio. Si la operación fuera gravada con IVA, además de la cuota fija de AJD se añadirá la variable, que consiste en el 0,5% del valor escriturado, descontando IVA o TPO. Este porcentaje también puede ser modificado por las CC.AA, llegando en algunos casos al 1% o 1,5%.

A su vez, los aranceles notariales (honorarios) supondrán otra apertura de monedero, pero esto ya no son impuestos.

 

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta 2015?

En mi experiencia profesional es un tema recurrente, y más con la disminución de ingresos brutos salariales.

Según el art.61 del Reglamento IRPF Real Decreto 439/2007, estarán obligados, entre otros, los siguientes contribuyentes:

  1. Contribuyentes que tengan derecho a la deducción por Doble Imposición Internacional.
  2. Quienes realicen aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros de dependencia o mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
  3. Contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo (incluidos profesionales) superiores a 22.000.-€ brutos anuales, cuando procedan de un solo pagador.
  4. Si la cantidad percibida por un segundo o más pagadores, por rendimientos de trabajo, supera los 1.500.-€, el límite se reduce a 12.000.-€
  5. También serán 12.000.-€ anuales cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos distintas de las recibidas de los padres.
  6. También serán 12.000.-€ cuando el pagador de los rendimientos  del trabajo no esté obligado a retener.
  7. Cuando se perciban rendimientos de capital mobiliario (ej. intereses) o ganancias patrimoniales superiores, en su conjunto, a 1.600.-€
  8. Rentas inmobiliarias imputadas (ej. segunda vivienda), rendimientos íntegros de capital mobiliario procedentes de letras del tesoro y subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial; superiores, en su conjunto, de 1.000.-€

En ningún caso tendrán que declarar lo contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas (profesionales), así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000.-€ anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500.-€

La política fiscal: el IVA “cultural”

Hoy se ha publicado en “El mundo” la intención del grupo socialista en el Congreso de bajar el IVA cultural al tramo reducido, de donde provenía. Es más, a decir verdad, estaba en su programa electoral.

http://www.elmundo.es/espana/2016/02/19/56c64fe722601d5f7d8b45a8.html

La política fiscal es eso, política, y la política es poder, y el poder se representa, en este caso, mediante grupos de presión. Existe el dicho: “la unión hace la fuerza”, y es así.

La industria del cine, en su dimensión económica y con su influencia social, actúa como un verdadero lobby; actividad totalmente lícita, por cierto. Lo discutible es la defensa de la cultura o la educación únicamente desde la presión a favor de la bajada del IVA, ámbito que se circunscribe a la defensa de la industria y no al interés general. La defensa de la cultura se hace en otros ámbitos olvidados y la industria olvida otras causas de su declive, siendo sus trabajadores los grandes olvidados.

Y es que el IVA de la electricidad según la Agencia Internacional de la Energía supera en tres puntos porcentuales la media europea. En Italia, país comparable a España, el IVA es del 10%. Aquí también hay tramo reducido y en invierno hace el mismo frío. En economía la asignación de recursos es un clásico, y la elección también es política.

http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-iva-electricidad-espana-supera-tres-puntos-media-ue-aie-20150217124408.html

La compensación de deuda tributaria

La compensación es una forma de extinción de la deuda tributaria regulada en los artículos 71-74 LGT.

Se realizará de oficio o a instancia de parte con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del contribuyente.

A instancia del interesado, solicitada en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda, pero no el devengo de intereses de demora que pueda proceder hasta la fecha del reconocimiento del crédito. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos si fuera en momento posterior.

La Administración compensará de oficio las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo. Así mismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección. También las cantidades resultantes de procedimientos en única instancia de reclamaciones económicas-administrativas.

Pongamos un ejemplo: Deuda tributaria por importe de 35.000.-€ derivada de una liquidación practicada por la AEAT en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012. Dicha deuda fue notificada al contribuyente el 23 de febrero de 2015. La deuda no fue ingresada en plazo y con fecha de 17 de mayo de 2016 se le notificó providencia de apremio. Esta deuda conllevará un recargo de apremio reducido del 10%. El 24 de febrero de 2016 se solicita la compensación por devolución de IVA del 4º trimestre de 2014 por importe de 40.000.-€, liquidación presentada el 30 de noviembre de 2015. Finalmente el 10 de junio de 2016 se acuerda la compensación.

Independientemente de la sanción que corresponde según el artículo 198 LGT, el contribuyente tiene derecho a la devolución de 1.500.-€ y el abono de intereses de demora desde pasados 6 meses de la presentación de la autoliquidación negativa.