Reducción a las ganancias patrimoniales obtenidas de bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994

La disposición transitoria novena de la Ley del IRPF articula un régimen transitorio para la determinación del importe de las ganancias patrimoniales sometidas a gravamen, derivadas de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994.

El apartado 84 del artículo 1º de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modifica, con efecetos a partir del 1 de enero de 2015, la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF, que regula la reducción por abatimiento del régimen transitorio, para establecer un límite cuantitativo cifrado en 400.000.-€, siempre y cuando la transmisión se efectúe a partir del 1 de enero de 2015.

Veamos los pasos a seguir:

  1. En primer lugar determinaremos la ganancia patrimonial previa según la regla general.
  2. Luego calcularemos la parte de la ganancia que se entiende generada con anterioridad a 20/01/2006
  3. Esta ganancia susceptible de reducción por la DT 9ª tendrá como límite el valor de 400.000. Se aplicará reducción de la ganancia para los primeros 400.000.-€ de valor de transmisión.
  4. El importe de la ganancia patrimonial susceptible de la DT 9ª se reducirá aplicando el coeficiente de abatimiento que resulte según la naturaleza del bien (inmueble o mueble) y al número de años transcurridos desde la adquisición hasta el 31/12/1996

Veamos un ejemplo:

Vendemos un inmueble por 600.000.-€. Lo adquirimos a 150.000.-€. Obtenemos una ganancia previa de 450.000.-€ Como adquirimos el inmueble antes del 31/12/1994, contamos el periodo en días desde la adquisición al 20/01/2006. Es decir, si adquirimos, por ejemplo, el 1/07/1990 tendríamos un periodo de 5.683 días. A su vez, calculamos los días desde la adquisición hasta la venta (pongamos que se realiza el 2 de enero de 2015), 8.952 días.

Así, la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20/01/2006 es de 450.000*5.683/8.952= 285.673,59.-€

Como el precio de venta superó los 400.000.-€, sólo podemos realizar la reducción de la DT9ª sobre los primeros 400.000.-€. Aplicamos prorrata: 400.000*285.673,59/600.000= 190.444,06.-€

Aplicamos la reducción de la DT9ª hasta el 31/12/1996, son 7 años. El coeficiente reductor se calcula de la siguiente forma= (7-2)*11,11%= 55,55%. El “2” es un número fijo y el 11,11% es por ser inmueble (para acciones sería del 25%). Por lo tanto, la reducción es de 190.444,06*0,5555= 105.794,45.-€

La ganancia patrimonial a integrar en la base imponible del ahorro es de: 400.000-105.794,45= 344.205,55.-€

Fuente: “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” 5ª Edición, Roberto Alonso Alonso, CEF ediciones.

Anuncios

Caso bankia: consideraciones fiscales de las tarjetas black

De los más de 60.000 millones de ayudas públicas (incluyendo garantías sobre posibles perdidas futuras) a la banca, según el Banco de España, a fecha de hoy, el Estado ha recuperado aproximadamente un 5% del capital invertido. Previamente se conocía que muchos de estos millones serían a fondo perdido (unos 37.ooo millones, 9.000 solo de Bankia), es decir, capital que sustituye a activos tóxicos o basura procedentes de créditos fallidos en su mayoría.

Bankia ha sido el paradigma de este expolio. Son más de 36.000 millones los aportados, y en su agujero se han puesto de manifiesto las siguientes asuntos: la politización de las entidades financieras,  la convivencia de organismos de control como el Banco de España o la CNMV, el tráfico de influencias, la administración desleal de una entidad pública, el cuestionamiento del sistema actual de auditorías externas, la recapitalización mediante la comercialización minorista de instrumentos financieros complejos…etc.

El montante de las tarjetas “black” comparado con el agujero directamente relacionado con la burbuja inmobiliaria parece el “chocolate del loro”, pero son ya muchos chocolates: la desastrosa compra del banco de Miami, los créditos discrecionales a la familia de Díaz Ferrán, las comisiones por asesoramiento del banco Lazard…etc.

Pero, ¿qué dicen los acusados de sus tarjetas? Esas utilizadas para todo tipo de gastos o directamente la retirada de efectivo. Claro, ante la diversidad de destinos, los gastos de representación no parecen una buena defensa. La declaraciones de los acusados parecen más encaminadas a su clasificación como sueldo en especie. En ese caso, ¿no deberían estar reflejadas en sus contratos laborales? Sirva como ejemplo que el Consejero Delegado Francisco Verdú, ejecutivo de amplia experiencia en el sector bancario y no procedente de la antigua Caja Madrid, no aceptó su utilización por este motivo, amén de los límites fijados a las retribuciones variables.

Ahora bien, si aceptamos que las tarjetas son retribución, ¿cuáles eran las obligaciones fiscales de Bankia y sus ejecutivos?

En Bankia parece que no las tenían todas consigo con la legalidad de estas tarjetas. Contablemente, tendrían que ser sueldos, y las retribuciones conllevan un ingreso a cuenta en forma de pasivo en favor de la hacienda pública. Es decir, no solo se han incumplido las obligaciones contables, sino que ese incumplimiento está relacionado con su no declaración y el no ingreso de las cantidades debidas. Es el art.23 de la Ley General Tributaria (58/2003) quien establece dicha obligación, siendo autónoma de la obligación principal. Entonces, ¿quién tiene la obligación tributaria principal? Los acusados.

Son los acusados quienes tendrían que haber declarado tales emolumentos en sus IRPF. Pues bien, el art. 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (35/2006) establece que serán rendimientos en especie: “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”

Queda claro, por tanto, que el gasto efectuado con dichas tarjetas tendría que haber sido declarado como rendimientos íntegros del trabajo en sus declaraciones de renta, así como el ingreso a cuenta no repercutido por la entidad a sus ejecutivos.

Ahora bien, el vicepresidente de Caja Madrid, Moral Santín, que, según dicen, acudió unas 692 veces al cajero para retirar una media de 300.-€ diarios; dichos rendimientos ser considerarían dinerarios y no conllevarían ingreso a cuenta, pero sí retención como cualquier salario. Sería conveniente revisar jurisprudencia en este último caso.

No entraremos en más consideraciones éticas o penales.

Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: algunos apuntes.

Las entidades sin ánimo de lucro no son personas jurídicas al uso, no persiguen obtener un beneficio económico. Su finalidad puede ser social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria, siendo sus fuentes de ingresos las cuotas de sus asociados, ayudas, donaciones y subvenciones.

Que una entidad no tenga ánimo de lucro, no es equivalente a que no tenga beneficio, es decir, el estatus “sin ánimo de lucro” significa que los posibles beneficios no son distribuidos (por ejemplo, en forma de dividendos) sino empleados en el proyecto o fin.

Además, estas entidades pueden realizar actividades económicas que generen excedentes económicos, actividades que serán gravadas por el impuesto oportuno. Estas actividades podrán ser encaminadas a alcanzar su fin, servicios a los socios o cualquier otra que genere ingresos (con límites estas dos últimas).

Al igual que las sociedades con ánimo de lucro, los beneficiarios de sus actividades (económicas o no) pueden ser sus asociados, pero también terceras personas o la sociedad en general.

Ejemplos de entidades sin ánimo de lucro pueden ser: ONG’s, fundaciones, asociaciones. federaciones..etc., la gran mayoría de ámbito público.

A efectos fiscales, ¿qué entidades se pueden considerar sin fines lucrativos?

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, considera sin fines lucrativos a efectos de la ley a las siguientes entidades:

  1. Las fundaciones.
  2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
  3. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.
  4. Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
  5. Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
  6. Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.

Además de entes públicos, Universidades, organismos públicos de investigación, museos, Reales Academias, entidades religiosas…etc.

Pero, ¿qué beneficios fiscales reportan las donaciones a estas entidades?

Desde el 1 de enero de 2015, se ha incrementado la deducción fiscal de los donativos (art. 19 de la Ley 49/2002 de Mecenazgo) a las entidades sin ánimo de lucro, quedando de la siguiente manera:

  • Los primeros 150 euros donados en un año fiscal desgravarán un 75% en 2016.
  • Si la donación es igual o superior a las donaciones efectuadas en los tres años precedentes, el resto de la donación desgravará un 35% en 2016. En caso contrario, el resto desgravará un 30%
  • En otro caso, el resto de sus donativos desgravarán un 30% en 2016.

Al margen de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Ley de IRPF en su artículo 68.3.b) establece una deducción estatal a la cuota íntegra del 10% de las cantidades donadas en metálico. Esta deducción tiene como límite el 10% (ampliable al 15% si las donaciones se producen a programas prioritarios de mecenazgo) de la base liquidable total del contribuyente

¿Qué requisitos deben cumplir las entidades sin fines lucrativos?

Los requisitos que tienen que cumplir las entidades sin ánimo de lucro, para ser consideradas como tales, a efectos de la Ley 49/2002, son los siguientes:

  1. Que persigan fines de interés general.
  2. Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70% de los ingresos que generen por:
    • Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
    • Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
    • Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos.
  3. Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no exceda del 40% de los ingresos totales de la entidad.
  4. Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.
  5. Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.
  6. Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias.
  7. Que estén inscritas en el registro correspondiente.
  8. Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias.
  9. Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado del registro correspondiente.
  10. Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.

Según el artículo 24 de la Ley 49/2002 y el artículo 6 del RD 1270/2003, las entidades beneficiarias deberán emitir unos certificados e informar de la Administración tributaria de los mismos con, entre otro, el siguiente contenido: datos fiscales identificativos del donante, fechas e importes de las donaciones, documentos acreditativos de las mismas, destino del donativo y mención expresa al carácter irrevocable de la donación.

A este efecto, las entidades beneficiarias cumplimentarán la declaración informativa modelo 182

 

Cómo tributan las indemnizaciones por rescisión de contrato

Este tipo de ingresos son muy comunes en el arrendamiento de inmuebles o locales. Pongamos un ejemplo:

Un contribuyente propietario de un local de negocio arrendado percibe del arrendatario 10.000 € en concepto de indemnización por rescisión anticipada del contrato de arrendamiento

En este caso, al igual que los ingresos corrientes por arrendamiento, constituyen un rendimiento de capital inmobiliario sujeto y no exento en IRPF. Al mismo tiempo, por ejercicio de actividad económica dichos rendimientos serán sometidos a retención por el pagador.

El precio de transmisión de un bien inmueble a efectos tributarios

 

No siempre el precio de transmisión de un inmueble es el valor a efectos fiscales, aspecto que puede influir en a la hora de liquidar nuestro IPRF.

Según enuncia el art.57.LGT existen un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración sin indicativos de cuales deben usarse en cada caso ni criterios de prioridad. En todo caso, la Administración habrá de especificar cuál ha sido el medio empleado y los criterios por los que se ha elegido. Enumeramos algunos:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado en la ley de cada tributo.
  • Valores que figuren en registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Tasación de propiedades hipotecadas.
  • Precio o valor declarado en transmisiones del mismo bien, etc.

El procedimiento de comprobación de valores es uno de los procedimientos de gestión más comunes. Se puede iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización (liquidación) y de valoración justificada. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de la obligación tributaria.

Si el procedimiento de comprobación de valores se efectúa de forma autónoma el acto que se dicte al efecto tendrá la consideración de definitivo y recurrible; si se lleva a cabo en un procedimiento de gestión o inspección, se considerará acto de trámite, y el recurso se efectuará contra la liquidación efectuada por la Administración.

Veamos un ejemplo:

D.RR, vendió en 2014 y por 280.000 euros, un determinado bien inmueble adquirido en 2010 por un precio de 250.000 euros. D. RR presenta su autoliquidación por el IRPF, año 2014 determinando una ganancia patrimonial por valor de 30.000 euros. Dicho inmueble está asegurado, en una póliza de seguros del año 2014, por un valor de 310.000 euros (excluido el valor de los muebles y resto de los objetos incluidos en el mismo).

En este caso Procedería fijar el valor de mercado en 310.000 .-€, que fue el valor dado en la póliza de seguros del año 2014, salvo que la AEAT determine un valor superior en aplicación de cualquier otro método de valoración en el procedimiento de comprobación de valores para determinar el valor de mercado del inmueble en el año 2014.

El caso de utilización o entrega de vehículos automóviles

El artículo 42.1.1º.b) de la LIRPF regula tres casos de rentas en especie imputables a la base imponible por rendimientos de trabajo:

  1. En el supuesto de entrega al trabajador, el rendimiento del trabajo ascenderá al coste del vehículo para el pagador, incluidos los gravámenes de la operación.
  2. Para los supuestos de uso, el 20% anual del coste anteriormente mencionado. El importe resultante se podrá reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente en los términos reglamentarios.
  3. Un tercer supuesto sería una combinación de los dos anteriores, un primer uso y una posterior entrega, la valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior.

Veamos con un ejemplo este último caso:

La empresa “X” adquiere el 30 de junio del año x un vehículo automóvil, no considerado eficiente energéticamente, por 35.000 €, gastos inherentes e impuestos incluidos, que cede a un trabajador para su uso privado. Con fecha 1 de julio del año x+1 la empresa, previa tasación del vehículo en 20.000 €, se lo entrega al citado trabajador. ¿Cuál será la valoración de la retribución en especie por la entrega?:

La respuesta es 28.000.-€

Año X: 35.000*0,20= 7.000.-€. Como sólo es medio año: 3.500.-€

Año X+1: Por su uso medio año: 3.500.-€. Coste de adquisición para el pagador: 35.000.-€ menos lo ya imputado en concepto de uso: 7.000.-€, da como resultado: 28.000.-€

La imputación de rendimientos de trabajo

Recibir nuestro salario al final de mes tendría que se lo normal, pero, ¿qué pasa cuando se cobran atrasos en otro año?

Por ejemplo:

Un contribuyente cobra en mayo de 2015 los salarios pendientes de pago correspondientes al año 2013.

Como rendimientos correspondientes al año 2013 y estando en periodo de realización de la declaración de renta 2014, el contribuyente no imputará estos atrasos en la renta de 2015, sino que presentará junto con la renta de 2014 una declaración complementaria del IRPF 2013.