La caducidad de los procedimientos tributarios

En asimilación del procedimiento administrativo y según el artículo 100 de la Ley General Tributaria, el procedimiento tributario puede terminarse mediante: resolución, desestimiento, renuncia al derecho, caducidad y sobreseimiento.

A los que se añaden, como dice la LGT, el cumplimiento de la obligación que hubiere sido objeto de requerimiento (ej.: requerimiento de información) o la finalización de una procedimiento de aplicación de tributos como consecuencia del inicio de otro. También se contempla la terminación mediante acuerdo, pacto o convenio entre las partes.

Los procedimientos caducados, por regla general, NO interrumpen los plazos salvo dos excepciones que SÍ:

      1. En el procedimiento inspector la interrupción injustificada durante más de 6 meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo máximo del procedimiento.
      2. En el procedimiento sancionador, pudiéndose iniciar otro antes de finalizar el plazo de prescripción.

El precio de transmisión de un bien inmueble a efectos tributarios

 

No siempre el precio de transmisión de un inmueble es el valor a efectos fiscales, aspecto que puede influir en a la hora de liquidar nuestro IPRF.

Según enuncia el art.57.LGT existen un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración sin indicativos de cuales deben usarse en cada caso ni criterios de prioridad. En todo caso, la Administración habrá de especificar cuál ha sido el medio empleado y los criterios por los que se ha elegido. Enumeramos algunos:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado en la ley de cada tributo.
  • Valores que figuren en registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Tasación de propiedades hipotecadas.
  • Precio o valor declarado en transmisiones del mismo bien, etc.

El procedimiento de comprobación de valores es uno de los procedimientos de gestión más comunes. Se puede iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización (liquidación) y de valoración justificada. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de la obligación tributaria.

Si el procedimiento de comprobación de valores se efectúa de forma autónoma el acto que se dicte al efecto tendrá la consideración de definitivo y recurrible; si se lleva a cabo en un procedimiento de gestión o inspección, se considerará acto de trámite, y el recurso se efectuará contra la liquidación efectuada por la Administración.

Veamos un ejemplo:

D.RR, vendió en 2014 y por 280.000 euros, un determinado bien inmueble adquirido en 2010 por un precio de 250.000 euros. D. RR presenta su autoliquidación por el IRPF, año 2014 determinando una ganancia patrimonial por valor de 30.000 euros. Dicho inmueble está asegurado, en una póliza de seguros del año 2014, por un valor de 310.000 euros (excluido el valor de los muebles y resto de los objetos incluidos en el mismo).

En este caso Procedería fijar el valor de mercado en 310.000 .-€, que fue el valor dado en la póliza de seguros del año 2014, salvo que la AEAT determine un valor superior en aplicación de cualquier otro método de valoración en el procedimiento de comprobación de valores para determinar el valor de mercado del inmueble en el año 2014.

¿Puede una ley autonómica crear tributos?

El artículo 133.1 de la Constitución Española dispone que “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”.  Por su parte el apartado 2 del mismo artículo señala que “las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Así pues, las CC.AA podrán establecer tributo cuando una Ley autonómica los haya previamente creado y siempre que no graven otros hechos imponibles gravados previamente por el Estado o por los Ayuntamientos.

Principios tributarios y paraísos fiscales

Documental de “Documentos TV” RTVE

Recordemos que el artículo 31 de la Constitución Española y el artículo 3 de la Ley General Tributaria exponen los principios básicos de ordenación del Sistema Tributario Español:

  1. Generalidad, es decir, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
  2. Capacidad económica, justicia y progresividad, es decir, la igualdad responde al principio de progresividad en la contribución.
  3. No confiscatoriedad, es decir, el sistema tributario no será en ningún caso incompatible con el derecho a la propiedad privada salvaguardado en la Constitución.

Es evidente que los poderes públicos no están haciendo cumplir dichos principios, incluso el de no confiscatoriedad en lo relativo a la tributación de las clases medias, evidenciando la falta de voluntad política de luchar contra el fraude fiscal.