Caso bankia: consideraciones fiscales de las tarjetas black

De los más de 60.000 millones de ayudas públicas (incluyendo garantías sobre posibles perdidas futuras) a la banca, según el Banco de España, a fecha de hoy, el Estado ha recuperado aproximadamente un 5% del capital invertido. Previamente se conocía que muchos de estos millones serían a fondo perdido (unos 37.ooo millones, 9.000 solo de Bankia), es decir, capital que sustituye a activos tóxicos o basura procedentes de créditos fallidos en su mayoría.

Bankia ha sido el paradigma de este expolio. Son más de 36.000 millones los aportados, y en su agujero se han puesto de manifiesto las siguientes asuntos: la politización de las entidades financieras,  la convivencia de organismos de control como el Banco de España o la CNMV, el tráfico de influencias, la administración desleal de una entidad pública, el cuestionamiento del sistema actual de auditorías externas, la recapitalización mediante la comercialización minorista de instrumentos financieros complejos…etc.

El montante de las tarjetas “black” comparado con el agujero directamente relacionado con la burbuja inmobiliaria parece el “chocolate del loro”, pero son ya muchos chocolates: la desastrosa compra del banco de Miami, los créditos discrecionales a la familia de Díaz Ferrán, las comisiones por asesoramiento del banco Lazard…etc.

Pero, ¿qué dicen los acusados de sus tarjetas? Esas utilizadas para todo tipo de gastos o directamente la retirada de efectivo. Claro, ante la diversidad de destinos, los gastos de representación no parecen una buena defensa. La declaraciones de los acusados parecen más encaminadas a su clasificación como sueldo en especie. En ese caso, ¿no deberían estar reflejadas en sus contratos laborales? Sirva como ejemplo que el Consejero Delegado Francisco Verdú, ejecutivo de amplia experiencia en el sector bancario y no procedente de la antigua Caja Madrid, no aceptó su utilización por este motivo, amén de los límites fijados a las retribuciones variables.

Ahora bien, si aceptamos que las tarjetas son retribución, ¿cuáles eran las obligaciones fiscales de Bankia y sus ejecutivos?

En Bankia parece que no las tenían todas consigo con la legalidad de estas tarjetas. Contablemente, tendrían que ser sueldos, y las retribuciones conllevan un ingreso a cuenta en forma de pasivo en favor de la hacienda pública. Es decir, no solo se han incumplido las obligaciones contables, sino que ese incumplimiento está relacionado con su no declaración y el no ingreso de las cantidades debidas. Es el art.23 de la Ley General Tributaria (58/2003) quien establece dicha obligación, siendo autónoma de la obligación principal. Entonces, ¿quién tiene la obligación tributaria principal? Los acusados.

Son los acusados quienes tendrían que haber declarado tales emolumentos en sus IRPF. Pues bien, el art. 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (35/2006) establece que serán rendimientos en especie: “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”

Queda claro, por tanto, que el gasto efectuado con dichas tarjetas tendría que haber sido declarado como rendimientos íntegros del trabajo en sus declaraciones de renta, así como el ingreso a cuenta no repercutido por la entidad a sus ejecutivos.

Ahora bien, el vicepresidente de Caja Madrid, Moral Santín, que, según dicen, acudió unas 692 veces al cajero para retirar una media de 300.-€ diarios; dichos rendimientos ser considerarían dinerarios y no conllevarían ingreso a cuenta, pero sí retención como cualquier salario. Sería conveniente revisar jurisprudencia en este último caso.

No entraremos en más consideraciones éticas o penales.

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